Derecho Mercantil, Civil y Administrativo.

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Artículos de interés en materia de propiedad industrial (II)
propiedad industrial 2

5.  Marcas Colectivas y Marcas de Garantía

a) Marcas Colectivas

Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

Sólo pueden solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público, con las siguientes peculiaridades:

La marca colectiva no puede ser cedida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquéllas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

La solicitud de registro de marca colectiva debe ser acompañada de un reglamento de uso. El Reglamento de uso deberá acompañarse, en el caso de las marcas colectivas, de los estatutos de la asociación o entidad solicitante, debidamente constituidos e inscritos.

b) Marcas de Garantía

Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.

La solicitud de registro de una marca de garantía debe ser acompañada de un reglamento de uso. La solicitud debe ser objeto de informe favorable del órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere.

Sin perjuicio de lo dispuesto genéricamente para la nulidad o caducidad de las marcas, las que fueran colectivas o de garantía cuentan con ciertas especialidades en orden a su declaración de nulidad o caducidad.

Su nulidad se declarará, también, por contravención de lo dispuesto en su régimen específico (arts. 64, 67 LM). Su caducidad procede ante alguna de las siguientes causas declaradas en sentencia firme (art. 66 LM):

a) modificación contraria a Derecho de su Reglamento de uso;

b) autorización por el titular o actitud tolerante de un uso contrario a su Reglamento;

c) sólo para las colectivas constituidas por indicaciones geográficas, la negativa injustificada del titular a autorizar el ingreso en la Asociación de quien reúna los requisitos según Reglamento de uso;

d) sólo para las de garantía, la negativa arbitraria del titular a autorizar el uso de la marca a quien acredita su capacidad para cumplir los requisitos según Reglamento (en estos últimos casos, no se produce la caducidad si la sentencia declara el derecho del indebidamente excluido a ingresar en la asociación o el de uso de la marca injustamente denegado y, consecuentemente, el mantenimiento en vigor de la correspondiente marca);

e) también y únicamente para las de garantía, que el titular la utilice con relación a productos o servicios que fabrica o suministra el mismo titular o persona económicamente vinculada con él.

La cancelación de marcas colectivas o de garantía no convierte su signo constitutivo en res nullius apropiable por cualquiera hasta transcurridos tres años a contar desde la publicación de la cancelación de su registro y siempre que se trate de registrarla para productos idénticos o similares (art. 73 LM).

6.  Marca Notoria y Marca Renombrada

Llamada también Marca Notoriamente Conocida.

Es aquella marca que, como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es ampliamente conocida por los consumidores o por los sectores interesados. Es decir, por la gran mayoría de consumidores de los productos, servicios o actividades que distingue.

No toda marca notoria es renombrada. Sin embargo, existen marcas notorias que, por la intensidad de sus campañas publicitarias o por el fuerte posicionamiento en el mercado que puede sobrepasar el ámbito de los consumidores a los que está dirigida, pueden llegar a ser marcas renombradas

Un caso de marca notoria puede darse claramente respecto a aquellas marcas de instrumental médico, cuyos consumidores suelen ser un público restringido y que el público en general difícilmente estaría relacionado con las marcas de dicho sector.

Así, quienes suelen comprar instrumental médico saben cuáles son las marcas que resaltan en dicho sector, las cuales, por ese hecho pueden considerarse como marcas notorias.

Marca Renombrada

Es aquella cuyo uso en el mercado ha sido tan intenso, que no es sólo conocida por un sector de consumidores, sino que se ha difundido ampliamente a la totalidad de los habitantes de determinados territorios. En este caso deja de producir efectos la regla de la especialidad.

Así, cuando las marcas o nombres comerciales sean conocidos por el público en general serán considerados renombrados.

Las marcas renombradas, para llegar a serlo, previamente fueron marcas notorias. Los casos de marcas renombradas se encuentran cuando hay marcas que, a pesar de distinguir un producto determinado, son identificadas por mucha gente que no está relacionada con dicho producto.

Así tenemos a las marcas de accesorios deportivos, las cuales, por circunstancias como la amplia difusión de sus campañas publicitarias y por la relación del público en general con eventos deportivos (como el mundial de fútbol), son reconocidas e identificadas por el público que no es consumidor de éstos, pero las reconoce y sabe qué productos distinguen.

7. Nombre Comercial, Rótulo de establecimiento y Denominación de Origen.

A) Nombre Comercial.

Nombre comercial es todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Su configuración se rige por el principio de libertad de elección, de forma que, entre otros signos, pueden constituir nombres comerciales: los nombres patronímicos y las razones o denominaciones sociales; las denominaciones de fantasía; las alusivas al objeto de la actividad empresarial; los anagramas, logotipos, imágenes, figuras y dibujos y cualquier combinación entre ellos. No es necesario que el nombre comercial coincida con el nombre civil del empresario o con su razón o denominación social.

El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su registro válido en la OEPM. Conforme al art. 8 CUP, el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión de París sin obligación de depósito o de registro, norma aplicable en España por virtud del art. 3.3 LM.

Consecuentemente, su registro en la OEPM no puede ser sino un medio potestativo de enervar la necesidad de prueba de su uso que, en otro caso, compete al usuario del nombre comercial para obtener protección (cf. art. 9º.1.d LM). El nombre comercial confiere a su titular el derecho a su uso exclusivo en el tráfico económico en términos análogos a los propios del derecho de marca (art. 90 LM). El nombre comercial usado sin registro puede ser protegido a través de la Ley de Competencia Desleal (arts. 6, 12 y 18 LCD).

B) Rotulo de Establecimiento

La nueva legislación de marcas ha suprimido la figura del Rótulo de Establecimiento como un título exclusivo de Propiedad Industrial, traspasándolo al ámbito que regula la Competencia Desleal una vez finalizada su vida legal, de acuerdo con la Disposición Transitoria sobre el régimen transitorio de los Rótulos de Establecimiento del nuevo texto legal.

El rótulo de establecimiento nació en una economía española en crecimiento, en la que el pequeño comercio tenía gran importancia y tradición. La esencia del rótulo radicaba en la identificación de la calidad de los productos y servicios que el pequeño comerciante ofrecía en el mercado.

A medida que nuestra economía ha ido creciendo, la función del rótulo ha experimentado un estancamiento en su evolución.

La ley de Marcas 32/1988, vigente hasta el pasado 31de julio, en su artículo 82, definía el rótulo de establecimiento como el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento, y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. Continuando con el régimen jurídico preestablecido por el EPI, esta Ley limitó la existencia del rótulo al municipio. Esta ley no tenía previsto, inicialmente, regular el rótulo de establecimiento; sin embargo, apostó por el mismo debido principalmente a que la actividad del comercio minorista no se protegía como marca (dado que la venta no era considerada un servicio por parte de la OEPM).

Paralelamente, en legislación de Propiedad Industrial se carecía de una norma que regulara y protegiera los rótulos de establecimiento. Durante la vigencia de este texto legal, concretamente en 1991, la nueva Ley de Competencia Desleal establece un régimen jurídico en el que los rótulos de establecimientos quedan adecuadamente protegidos, y la OEPM, mediante resolución de abril de 1999, aceptó como servicio la compraventa al menor.

Estas dos circunstancias son las que provocan que en la Ley de Marcas 17/2001 no se contemple la figura del Rótulo de Establecimiento. Sin embargo, y respecto de los rótulos de establecimiento, se ha previsto, en la disposición transitoria tercera de la Ley de Marcas 17/2001 un régimen transitorio a tenor del cual se les otorga una vida jurídica de 7 a 10 años según la situación registral de cada expediente en concreto. Pasados estos 7 o 10 años los rótulos de establecimiento desaparecerán. La desaparición de esta figura jurídica no implica la desprotección del derecho implícito en la misma, sino la protección del mismo a través de la Ley de Competencia desleal.

No obstante, el pequeño comerciante que sigue hoy día prestando un producto y/o servicio de calidad a través de su rótulo, podrá seguir con una protección registral a través de una marca. Realizando este registro, el comerciante, a la vez de encontrar protegida su reputación en la Ley de Competencia Desleal, también encontrará cobertura jurídica en el derecho de marca. Es decir, registrando una marca de servicios, como es la de compraventa, el pequeño comerciante obtendrá una cobertura similar a la del rótulo, permitiéndole identificar sus productos y servicios con la misma denominación que tenía con el rótulo de establecimiento.

Actualizadora decisión la del legislador en torno a la regulación del rótulo, vía ley de competencia desleal, dado que, ante un mercado tan globalizado como el europeo y la supresión de esta figura, también tiene lugar la acertada desaparición de situaciones tan incoherentes como la denegación de una marca cuyo ámbito de protección es nacional, por colisionar con un rótulo que designa la denominación de un establecimiento cuyo ámbito de protección es municipal.

 Hoy día, la figura del rótulo de establecimiento queda vacía de contenido frente a una marca comunitaria o nacional; sin embargo no queda vacía la defensa del derecho de uso de la denominación identificadora de un establecimiento frente a una aparición de uno idéntico o muy parecido en la misma región, dado que el aprovechamiento de la reputación ajena resulta un acto de competencia desleal.

Así pues, y tras la desaparición del rótulo, el pequeño comerciante que hasta ahora tenía la exclusividad de una denominación para distinguir un local en un Municipio, tiene la opción de solicitar la misma denominación como marca, designando las mismas actividades y/o productos, y cubriéndolos a nivel nacional.

Ahora, y con la nueva regulación del Nombre Comercial (cuya única distinción con la marca de servicios es la definición doctrinal existente), sólo cabe preguntarse si ante los escasos ordenamientos jurídicos que lo regulan, no acabará por regularse bajo el mismo régimen jurídico de los rótulos de establecimiento.

C) Denominación de Origen

Las denominaciones geográficas son nombres de un país, región, comarca o localidad -o un término con representación ideológica de los mismos- que, por su conexión con la extracción, crianza o cultivo y elaboración de ciertos productos, llegan a tener importancia económica y competitiva en el mercado.

Existen dos tipos de denominaciones geográficas: las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Sobre la base común de indicar la procedencia geográfica del producto, su principal diferencia estriba en la información que las primeras facilitan sobre las calidades y características del producto conectadas esencial e intrínsecamente con el medio geográfico; indicador éste del que carecen las segundas (art. 2.1 Arreglo de Lisboa de 31 de octubre de 1955, STC 211/1990, de 20 de diciembre).

La denominación de origen es, pues, en sentido propio, una denominación geográfica con valor de mercado fundado en su vinculación con productos que proceden del área geográfica referida y cuyas características de calidad deriva exclusiva o predominantemente del medio geográfico en el que se extraen, crían, cultivan o producen.

La titularidad de la denominación de origen corresponde a la Administración Pública. Ésta reconoce la condición de usuarios a quienes acrediten cumplir las condiciones y requisitos precisos para ser tales según el «Reglamento de la Denominación», quedando inscritos en el correspondiente Registro. La protección dispensada por la denominación de origen se traduce en la reserva de su uso exclusivo a favor de los operadores económicos (artesanos, transformadores, productores u otros) establecido en la zona geográfica correspondiente y que se sometan a las condiciones de uso de la denominación, según su Reglamento.

Su régimen legal está constituido, en el ámbito comunitario, por los Reglamentos CE núm. 2081/1992, de 14 de julio, y CE núm. 1493/1999, de 17 de mayo, entre otros; en el ámbito nacional, por la Ley del vino (Ley 25/1970, de 2 de diciembre) y el RD 1573/1985, de 1 de agosto, además de múltiples disposiciones sectoriales. Junto a ellas, y dada la colaboración interestatal precisa para la protección de las denominaciones de origen, tienen destacado papel los Tratados o Convenios bilaterales.

8. Dudas sobre Derecho de Patente.

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema.  Para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos:

Una invención debe, por lo general, satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe tener uso práctico; debe presentar asimismo un elemento de novedad; es decir, alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente se llama "estado de la técnica". La invención debe presentar un paso inventivo que no podría ser deducido por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico. Finalmente, su materia debe ser aceptada como "patentable" de conformidad a derecho. En numerosos países, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obtenciones vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico (en oposición a productos médicos) por lo general, no son patentables.

¿Cómo se concede una patente?

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud de patente. La solicitud de patente contiene, por lo general, el título de la invención, así como una indicación sobre su ámbito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripción de la invención, en un lenguaje claro y con los detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del ámbito en cuestión pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones están acompañadas, generalmente, por materiales visuales como dibujos, planos o diagramas que contribuyen a describir más adecuadamente la invención. La solicitud contiene asimismo varias "reivindicaciones", es decir, información que determina el alcance de protección que concede la patente.

¿Se pueden exponer los detalles de la invención a un posible inversor antes de presentar una solicitud de patente?

Es importante presentar una solicitud de patente antes de divulgar públicamente los detalles de la invención. En general, las invenciones que sean divulgadas antes de que se presente una solicitud serán consideradas parte del estado de la técnica (aunque a escala internacional no existe una única definición del término "estado de la técnica", en muchos países éste está compuesto por la información que ha sido puesta a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante divulgación escrita u oral. En los países en que se aplica dicha definición, si el solicitante divulga al público la invención antes de presentar una solicitud de patente, no podrá obtener una patente válida para esa invención, puesto que no satisfará el requisito de "novedad". Sin embargo, en algunos países se otorga un plazo de gracia, que sirve de salvaguardia para los solicitantes que hayan divulgado sus invenciones antes de presentar una solicitud de patente, y los criterios relativos a la novedad pueden interpretarse de modo distinto en función de la legislación aplicable.

En caso de que sea inevitable divulgar la invención, por ejemplo, a un posible inversor o a un socio comercial, antes de presentar una solicitud de patente, la divulgación deberá ir acompañada de un acuerdo de confidencialidad.

Temario para curso en 2013

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