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Prescripción y potestad de comprobación de impuestos
Agencia Tributaria

Es cuestión reiterada tanto en el panorama legislativo como en el jurisprudencial la constante variación que ha existido acerca de la diferencia entre la potestad de liquidación y aquella denominada de comprobación e investigación, ambas ejercidas por la Administración Tributaria con la respectiva habilitación legal. Más recurrente ha sido dentro de ese ámbito el determinar la intensidad de la potestad de comprobación en relación con la potestad de liquidación, concretamente, en su trato con el instituto de la prescripción.

En un primer momento tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional impedían comprobar las operaciones realizadas en ejercicios prescritos aunque estas generaran efectos en liquidaciones correspondientes en ejercicios no prescritos. Posición que se enfrentaba a la mantenida por parte de la Administración que sí se veía facultada para llevar a cabo esa comprobación. La doctrina que imperaba, no solo aplicada por los órganos del poder judicial, sino también por aquellos referentes al área administrativa, era confusa existiendo cambios de rumbo tanto por una parte como por la otra.

La nueva interpretación que el Tribunal Supremo ha dado al artículo 66 de la LGT ha modificado todo el panorama legal, debido al repentino cambio de rumbo que el mismo ha tomado acerca del tema de la prescripción de la potestad de comprobación de la Administración tributaria.

La problemática del caso gira sobre la posibilidad por parte de la Administración tributaria acerca de la utilización de la potestad comprobadora  para declarar en fraude de ley determinadas operaciones de ejercicios ya prescritos que estaban derivando efectos fiscales en ejercicios no prescritos. Agotada la vía administrativa, el contribuyente recurrió ante la Audiencia Nacional, quien en su sentencia de 21 de noviembre de 2013 Rec. n. º 325/2010, estimó su pretensión al establecer que el órgano administrativo no estaba facultado para utilizar la vía comprobatoria en aras de regularizar la situación tributaria de ejercicios  ya atacados por la institución de la prescripción.

Entre los argumentos más destacables de la sentencia, localizados en el Fundamento de Derecho Cuarto, encontramos la afirmación por parte de la Audiencia de la afectación de la prescripción sobre la potestad de comprobación cuando expresa ” la Administración está impedida para iniciar un expediente de fraude de ley en relación con el ejercicio del que derivan las operaciones, de las que la Inspección arranca para proceder a regularizar la situación tributaria del sujeto pasivo de ejercicios posteriores, debido a que ese ejercicio en el que se realizaron las operaciones, objeto del fraude de ley, estaba prescrito, por lo que la Administración, al no constar que las autoliquidaciones de aquél y siguiente ejercicio no fueron modificadas por medio de comprobación inspectora, está obligada a pasar por lo declarado sin que pueda entenderse que la regularización de las operaciones por ella controvertidas se realizaron en fraude de ley”

Por otro lado, el Tribunal Supremo en otras sentencias  había entendido, de igual forma que la Audiencia Nacional, ese poder como anexo al de liquidación ya que se sobrentendía que la deuda tributaria quedaba prescrita cuando se liquidaba el impuesto.

En la sentencia de 5 de febrero de 2015 del TS Rec nº 4075/2013 encontramos el  supuesto que ha servido de precedente en términos de jurisprudencia.

En la citada el Tribunal Supremo decidió apartarse de la postura que había mantenido en otras sentencias anteriores y acogió la posición fomentada por la Administración tributaria, según la cual el art. 66 de la LGT que legisla la prescripción no es obstáculo para que la misma pueda hacer uso de ella en relación con el ejercicio de la potestad de comprobación.

En otras palabras, una cosa es el poder de liquidar  un impuesto que tiene la Administración tributaria que sí se ve afectado por la prescripción, y otra cosa es la potestad de comprobar e investigar actos, hechos, negocios u operaciones de ejercicios prescritos que planean consecuencias sobre ejercicios no prescritos.

En términos del propio tribunal, “La comprobación e investigación de la situación tributaria, aunque necesaria para liquidar la deuda tributaria, no estaba sometida a plazo de prescripción o caducidad alguno y ello porque se trata de un poder de la Administración distinto del de liquidar, que siempre ha estado regulado en un precepto propio

Se produce por tanto una separación legal entre los derechos por parte de la Administración tributaria de liquidación y el de comprobación e investigación.  Se remarca que estas dos figuras no son dependientes, existiendo una autonomía a la hora de ser aplicadas por parte de la Administración.

La nueva reforma de la LGT (Ley 34/2015, de 21 de septiembre de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. BOE de 22 de septiembre) ha sido una suerte de luz en el camino, ya que ha dejado patente la amplitud de aplicación de las potestades de comprobación e investigación, estableciendo la viabilidad por parte de la Administración tributaria de poder corroborar las obligaciones tributarias en caso de ejercicios prescritos, siempre que sea necesario en relación con ejercicios no prescritos.

La consecuencia directa de todo esto reside en que la prescripción aplicable sobre determinados ejercicios fiscales no atenúa la potestad que tiene la Administración de acreditar los efectos fiscales que un ejercicio prescrito proyecte sobre uno no prescrito, abriéndose una amplia veda fiscalizadora por parte de la Administración tributaria y dando paso a un nuevo panorama más seguro en términos jurídicos,  donde la ilegalidad de determinados actos no van a quedar blindados gracias al instituto del prescripción.

 

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